CUERNAVACA , Mor., 16 de mayo de 2026.– La versión sobre la presunta detención del senador morenista Enrique Inzunza Cázarez en Estados Unidos creció este sábado en medio de un silencio oficial que, lejos de contener el escándalo, lo alimenta.
El caso debe manejarse con precisión: hasta las 22 horas no hay confirmación pública de autoridades mexicanas ni estadounidenses sobre una captura formal.
Sin embargo, TV Azteca Sinaloa reportó que Inzunza “habría sido detenido” en San Diego, California, por agentes de la DEA, dentro del expediente que sacude al grupo político del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.
Otros medios retomaron la misma versión, también en términos condicionales, al señalar una posible detención o entrega ante autoridades de Estados Unidos.
La ausencia de confirmación no cancela la gravedad política del episodio. Al contrario: la profundiza. Inzunza no es un operador secundario. Fue secretario general de Gobierno de Sinaloa en la administración de Rocha Moya y desde septiembre de 2024 ocupa un escaño en el Senado por Morena.
Su nombre aparece en el centro de una trama que ya rebasó el terreno de la disputa partidista y se instaló en el campo más delicado de la relación México-Estados Unidos: la presunta protección política al narcotráfico.
El contexto es explosivo. En las últimas semanas, autoridades estadounidenses señalaron a Rocha Moya y a varios funcionarios y exfuncionarios sinaloenses por presuntos vínculos con estructuras criminales.
Entre los nombres mencionados figuran Inzunza, excolaboradores de seguridad, operadores financieros y personajes ligados al gobierno estatal. La acusación apunta a una presunta red de protección, información y respaldo político a grupos del crimen organizado, particularmente en torno al Cártel de Sinaloa.
El ambiente se tensó aún más tras la entrega o detención en Estados Unidos de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, y de Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas. Ambos casos reforzaron la percepción de que Washington avanza por su cuenta mientras en México predomina una mezcla de cautela, defensa política y silencio administrativo.
A ese cuadro se suma que, según reportes periodísticos, la Unidad de Inteligencia Financiera habría revisado o bloqueado cuentas vinculadas a Rocha Moya, su círculo cercano y el propio Inzunza. El gobierno federal, en cambio, ha evitado confirmar detalles y ha insistido en pedir pruebas suficientes a Estados Unidos antes de proceder contra los señalados.
Por eso la pregunta ya no es menor: si Inzunza no fue detenido, ¿por qué no aparece públicamente para desmentirlo con claridad? Y si sí fue detenido o se entregó, ¿por qué el Senado, Morena y el gobierno mexicano guardan silencio?
Lo periodísticamente responsable es consignarlo como versión en desarrollo: TV Azteca Sinaloa afirma que fue reportada su presunta detención en San Diego, pero no existe confirmación oficial. Lo políticamente grave es otra cosa: el rochismo entra cada día más hondo en una crisis de narcopolítica, y el silencio oficial empieza a parecer menos prudencia institucional que control de daños.
Información de Quadratín Michoacán.