MORELIA, Mich., 17 de mayo de 2026. – Una investigación publicada este domingo por The New York Times señala que autoridades de Sinaloa, incluido el gobernador Rubén Rocha Moya, habrían formado parte de una red de protección política y operativa que permitió al Cártel de Sinaloa conservar margen de acción frente a operativos, investigaciones y grupos rivales.
El trabajo periodístico, firmado por Paulina Villegas y retomado aquí en síntesis informativa por Quadratín, expone que la relación entre integrantes del crimen organizado y funcionarios públicos no habría sido episódica ni marginal, sino parte de un esquema de colaboración sostenido durante años.
Según el diario estadounidense, expedientes judiciales, testimonios de operadores criminales y declaraciones de autoridades de Estados Unidos apuntan a que miembros del cártel habrían pagado sobornos para obtener información privilegiada, evitar detenciones, anticipar movimientos de seguridad y proteger actividades vinculadas con el tráfico de drogas.
El señalamiento cobra especial relevancia porque involucra a Sinaloa, entidad considerada históricamente uno de los principales centros de operación del cártel del mismo nombre, así como a la facción de Los Chapitos, encabezada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, señalados por Washington como actores clave en la producción y tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.
De acuerdo con The New York Times, fiscales del Distrito Sur de Nueva York han descrito una presunta colusión que habría alcanzado a funcionarios de alto nivel en Sinaloa. En ese contexto aparece el nombre de Rocha Moya, quien ha rechazado los señalamientos y ha sostenido que las acusaciones forman parte de una ofensiva política en su contra.
La investigación no presenta el caso como un hecho aislado, sino como una expresión de un problema más amplio: la capacidad de los grupos criminales para infiltrarse en estructuras de gobierno, comprar protección y convertir a parte de las instituciones encargadas de combatirlos en fuentes de información útil para sus operaciones.
Nota legal: este texto es una síntesis periodística de Quadratín, elaborada a partir de información publicada por The New York Times este domingo. No reproduce íntegra ni sustancialmente textos, imágenes, diseño ni materiales editoriales protegidos de dicho medio.
17 de mayo de 2026
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12:43
Redacción/Quadratín Michoacán
MORELIA, Mich., 17 de mayo de 2026. – Una investigación publicada este domingo por The New York Times señala que autoridades de Sinaloa, incluido el gobernador Rubén Rocha Moya, habrían formado parte de una red de protección política y operativa que permitió al Cártel de Sinaloa conservar margen de acción frente a operativos, investigaciones y grupos rivales.
El trabajo periodístico, firmado por Paulina Villegas y retomado aquí en síntesis informativa por Quadratín, expone que la relación entre integrantes del crimen organizado y funcionarios públicos no habría sido episódica ni marginal, sino parte de un esquema de colaboración sostenido durante años.
Según el diario estadounidense, expedientes judiciales, testimonios de operadores criminales y declaraciones de autoridades de Estados Unidos apuntan a que miembros del cártel habrían pagado sobornos para obtener información privilegiada, evitar detenciones, anticipar movimientos de seguridad y proteger actividades vinculadas con el tráfico de drogas.
El señalamiento cobra especial relevancia porque involucra a Sinaloa, entidad considerada históricamente uno de los principales centros de operación del cártel del mismo nombre, así como a la facción de Los Chapitos, encabezada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, señalados por Washington como actores clave en la producción y tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.
De acuerdo con The New York Times, fiscales del Distrito Sur de Nueva York han descrito una presunta colusión que habría alcanzado a funcionarios de alto nivel en Sinaloa. En ese contexto aparece el nombre de Rocha Moya, quien ha rechazado los señalamientos y ha sostenido que las acusaciones forman parte de una ofensiva política en su contra.
La investigación no presenta el caso como un hecho aislado, sino como una expresión de un problema más amplio: la capacidad de los grupos criminales para infiltrarse en estructuras de gobierno, comprar protección y convertir a parte de las instituciones encargadas de combatirlos en fuentes de información útil para sus operaciones.