Federico Berrueto
Ha correspondido a Joaquín López Dóriga revelar el juego de Alejandro Moreno, líder del PRI: en la eventual salida de su encargo partidario en los próximos meses perfilaría como sucesor al exgobernador de Coahuila, Rubén Moreira. El tema es fundamental para el bloque opositor ya que el coordinador de los diputados del PRI es el artífice de la traición en la reforma constitucional para extender las atribuciones del presidente para el uso de las fuerzas armadas regulares en tareas de seguridad pública, así como militarizar a la Guardia Nacional, además del voto de abstenerse en la designación morenista del Comité Técnico que habrá de seleccionar las quintetas para consejeros electorales. Las negociaciones con el régimen a espalda del bloque opositor las ha realizado Moreira.
Queda claro que lo que está de por medio en el PRI no es la disputa por el proyecto de partido, ni siquiera los términos de la relación en con la oposición o con el régimen, de lo que se trata es de apropiarse de las candidaturas a 2024. Se pretende definir candidatos y, especialmente, los términos del acuerdo con Marko Cortés del PAN, Jesús Zambrano del PRD y, posteriormente, con quien resulte candidato o candidata presidencial de la coalición opositora.
El empeño es imponer candidatos afines a sus intereses personales que se vuelven competitivos por la coalición que conformarían. De esta manera, tal como lo hiciera el PT y PES con Morena en 2018 y el PVEM y PT en 2021, pretenden ganar distritos y estados que no lo lograrían por sí mismos. Más aún, negociar candidaturas significa obtener concesiones futuras para candidatos triunfantes de otros partidos que conforman la coalición y reproducir un entramado de intereses en las entidades que ganaría el PAN en las elecciones de 2024 como podría ser Yucatán, Morelos, Puebla, Guanajuato y Ciudad de México.
El asunto no se limita a la dinámica del bloque opositor, también convoca a la movilización ciudadana. El impulso democratizador tiene como propósito trascender términos corruptos de la política, lo que requiere transformar a los partidos, no sólo por su inherente autoritarismo y verticalismo, también por la relación indebida entre el dinero, las campañas electorales y los funcionarios electos. Es una perniciosa realidad que debe reconocerse y resolverse. El problema con los actuales dirigentes del PRI es que son la expresión más acabada de la corrupción en la política.
Por su parte el dirigente de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, ha deslizado en privado la idea de que estaría dispuesto a reconsiderar la determinación de irse por su propia cuenta en la elección de 2024 si la dupla Moreno-Moreira dejan la dirección nacional del PRI. Este tema no sólo remite a ese partido, sino que son muchos los que han mantenido reserva o distancia del proyecto opositor por la presencia tóxica de los dirigentes del PRI. Como tal, la determinación del INE de rechazar los nuevos estatutos del PRI por los que Alejandro Moreno extendió el término de su mandato para continuar en la dirigencia durante la campaña de 2024 fue tomada con regocijo discreto en el bloque opositor.
En efecto, la renovación de dirigencia nacional del PRI abre la puerta a una mejor circunstancia de un partido que se encuentra en el peor de sus momentos. De ganar Manolo Jiménez la elección de gobernador en Coahuila, Miguel Riquelme se vuelve opción natural, con la ventaja para la oposición de que es un operador electoral que ha mostrado inclusión, capacidad y eficacia, justo lo que más se requerirá para los comicios de 2024. De hecho, hay quien piensa que su lugar debe ser de coordinador de la campaña presidencial próxima. El resultado en los comicios del Estado de México es de la mayor relevancia. El triunfo de Alejandra del Moral impulsaría a priístas y panistas mexiquenses a un primer lugar en la campaña de 2024, también impactaría la convicción de triunfo en la oposición.
La derrota de los personeros del descaro tricolor bien puede significar la mejor noticia para el movimiento opositor ciudadano y el partidista.