Jorge Meade
Durante los últimos años el PRI Nacional y su dirigente Alejandro Moreno han denunciado, (y el tiempo les dio la razón), la infiltración del crimen organizado en los procesos electorales.
Frente a esta realidad que ha desgastado su credibilidad y la presión social creciente, el gobierno de Morena tomó una decisión profundamente grave: colocó al frente de su dirigencia nacional a quien tiene en sus manos los padrones de millones de beneficiarios de programas sociales.
No es casualidad, no es coincidencia, es estrategia. Están cruzando la línea más delicada de cualquier democracia en su obsesión de mantenerse en el poder: el uso político de la necesidad de la gente. Quieren convertir los programas sociales en mecanismos de control electoral, usar la información de los ciudadanos para condicionar, presionar y manipular el voto y lo están haciendo en un contexto donde ya hay consecuencias de su complicidad con grupos del crimen.
Eso no es política social, eso es clientelismo, eso es coacción, es captura del Estado. El gobierno está desesperado y cuando un régimen desespera, recurre a todo como lo viene haciendo Morena: sostenerse en el poder a través de la intimidación y la ilegalidad sembrando el terror en diferentes regiones del país.