Elizabeth Cuevas
CUERNAVACA, Mor., 12 de mayo de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó nuevamente la regulación de Morelos en materia de objeción de conciencia al considerar que pone en riesgo el acceso de la población a servicios de salud y no cumple con los criterios constitucionales establecidos previamente por el máximo tribunal.
Durante la discusión de las acciones de inconstitucionalidad promovidas contra reformas a la Ley de Salud estatal, la mayoría de ministros resolvió anular por completo el artículo 12 Bis, el cual permitía que médicos y personal de enfermería se negaran a participar en procedimientos como la interrupción del embarazo, ortanasia o donación de órganos, bajo argumentos éticos, religiosos o profesionales.
La Corte determinó que el Congreso de Morelos volvió a legislar sin atender los lineamientos fijados desde una resolución previa emitida en 2021, en la que ya se había advertido que la objeción de conciencia no puede colocarse por encima del derecho a la salud ni obstaculizar la atención médica.
Entre las omisiones señaladas por los ministros destaca la falta de garantías para contar con personal disponible en hospitales públicos, así como la ausencia de reglas claras para casos de emergencia o situaciones donde no existan alternativas de atención.
La ministra Yasmín Esquivel sostuvo que el Poder Legislativo estatal incumplió con lo ordenado por la propia Suprema Corte y por ello debía invalidarse toda la norma para obligar a una nueva redacción conforme a los parámetros constitucionales.
Con esta resolución, el Congreso local tendrá un plazo de 90 días para emitir una nueva legislación sobre objeción de conciencia que respete tanto la libertad individual del personal médico como el acceso efectivo a los servicios de salud.
El debate entre ministros también generó posturas encontradas respecto al impacto de dejar a Morelos sin regulación vigente en esta materia. Algunos integrantes del pleno advirtieron sobre las consecuencias para mujeres y pacientes que requieren atención médica inmediata, mientras otros insistieron en que la ley aprobada por el estado resultaba deficiente e inconstitucional.