Con dolor conocemos de jóvenes universitarias asesinadas, familias destrozadas, historias de vidas que no debieron terminar así. Y mientras el dolor se multiplica en las aulas y en las calles, el gobierno se limita a hacer lo que ya se volvió costumbre en Morelos: lavarse las manos.
La violencia contra las mujeres no aparece de un día para otro.
Tiene señales.
Tiene patrones.
Tiene advertencias.
Pero cuando la prevención del delito es inexistente, cuando las instituciones están rebasadas y cuando el gobierno prefiere cuidar su narrativa antes que proteger a la población, las tragedias dejan de ser hechos aislados y se convierten en una política de abandono.
En Morelos la violencia es una realidad que golpea con brutalidad a su juventud y trágicamente a sus mujeres.
El gobierno no puede seguir hablando de igualdad en discursos oficiales, cuando las jóvenes están muriendo.
Las universidades no deberían ser territorios de miedo, las calles no deberían ser trampas mortales, y las familias no deberían vivir con el terror de que sus hijas no regresen a casa.
Gobernar implica prevenir, proteger y responder.
Pero en Morelos hoy ocurre lo contrario: un gobierno ausente, una estrategia de seguridad inexistente y una violencia que sigue avanzando.