Jorge Meade
Hay silencios que dicen mucho más que cualquier discurso. En política, la forma en que un gobierno protege a determinados personajes suele revelar dónde están sus verdaderas prioridades. El caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se ha convertido precisamente en eso: en un enorme silencio institucional que cada día genera más preguntas que respuestas.
La sociedad observa como, frente a una de las mayores crisis de violencia que ha vivido Sinaloa, el Gobierno Federal ha preferido cerrar filas alrededor del gobernador antes que impulsar una investigación transparente que despeje cualquier duda. Esa actitud no fortalece las instituciones; por el contrario, debilita la confianza ciudadana.
La explicación difícilmente puede encontrarse únicamente en la solidaridad política. Lo que parece existir es un enorme temor a las consecuencias de que algún día se conozca toda la verdad. Porque el problema no es solamente Rubén Rocha Moya. El problema es todo lo que podría revelar sobre una etapa política, sobre relaciones de poder construidas durante años y sobre decisiones que hoy muchos preferirían mantener ocultas.
Existe además un elemento que pocas veces se menciona. Rocha nunca fue realmente un proyecto político de la actual presidenta. Su cercanía histórica fue con Andrés Manuel López Obrador. Fue durante ese gobierno cuando consolidó su posición, recibió respaldo político permanente y se convirtió en uno de los gobernadores emblemáticos del movimiento.
Por ello, cualquier investigación profunda no solamente alcanzaría a un gobernador en funciones. Podría abrir interrogantes mucho mayores sobre las decisiones tomadas durante el sexenio anterior, sobre las responsabilidades de distintos funcionarios y sobre la manera en que se construyó la estrategia política en uno de los estados más complejos del país.
Es precisamente ahí donde aparece el miedo.
Cuando un gobierno confía en la inocencia de uno de sus integrantes, impulsa investigaciones independientes para despejar cualquier sospecha. Cuando ocurre exactamente lo contrario y todo el aparato político parece concentrado en evitar preguntas incómodas, la percepción pública inevitablemente cambia.
No se trata únicamente de un debate jurídico. Se trata de credibilidad.
Durante años, Morena construyó buena parte de su discurso afirmando que los gobiernos anteriores protegían intereses, encubrían corrupción y utilizaban las instituciones para garantizar impunidad. Hoy enfrenta exactamente la misma crítica que durante décadas dirigió contra otros.
La diferencia es que ahora las acusaciones aparecen en un contexto todavía más delicado: el crecimiento del poder territorial del crimen organizado, la expansión de la violencia y la constante difusión de investigaciones periodísticas nacionales e internacionales que documentan presuntos vínculos entre estructuras criminales y actores políticos. Esos trabajos periodísticos existen y forman parte del debate público, aunque las autoridades rechacen muchas de sus conclusiones.
Cada vez que el Gobierno responde únicamente desacreditando cuestionamientos sin transparentar investigaciones, fortalece la sospecha de que existe algo que proteger.
La confianza pública nunca se construye pidiendo actos de fe. Se construye permitiendo que las instituciones funcionen con independencia.
Por ello resulta preocupante observar cómo las exigencias de esclarecimiento terminan enfrentándose con campañas de descalificación política, mientras las víctimas continúan esperando justicia y los ciudadanos siguen sin respuestas.
El verdadero problema para Morena ya no es únicamente la inseguridad. Es la pérdida acelerada de credibilidad.
Cuando la ciudadanía comienza a pensar que determinadas personas nunca serán investigadas porque pertenecen al grupo gobernante, el Estado de derecho empieza a deteriorarse. Y cuando esa percepción se instala de manera permanente, las instituciones dejan de inspirar confianza.
México necesita exactamente lo contrario. Necesita que cualquier servidor público, sin importar su cargo o cercanía con el poder, pueda ser investigado con absoluta independencia. La ley solamente tiene sentido cuando se aplica para todos.
Si Rubén Rocha no tiene responsabilidad alguna, la mejor forma de demostrarlo sería mediante investigaciones transparentes y autónomas. Si existen responsabilidades, la sociedad merece conocerlas. Lo único que resulta inaceptable es la zona gris permanente en la que hoy parece desenvolverse este caso.
Porque las preguntas no desaparecerán por ignorarlas.
La historia demuestra que los grandes escándalos políticos nunca terminan por la fuerza del silencio. Terminan cuando la evidencia resulta imposible de ocultar. Mientras más tiempo se retrasa ese momento, mayor suele ser el costo institucional.
La llamada Cuarta Transformación llegó prometiendo una regeneración moral de la vida pública. Sin embargo, conforme pasan los años, una parte creciente de la opinión pública identifica al movimiento con la opacidad, la polarización, la impunidad y una estrategia de seguridad cuyos resultados siguen siendo objeto de amplio cuestionamiento.
La percepción de que el crimen organizado ha ampliado su influencia durante estos años constituye uno de los mayores desafíos para el gobierno. Esa percepción proviene de la violencia cotidiana, de los territorios donde el Estado parece haber perdido capacidad de control y del profundo desgaste de la confianza ciudadana.
Los gobiernos pueden controlar durante algún tiempo la narrativa oficial. Lo que nunca logran controlar indefinidamente son los hechos.
Por eso la pregunta de fondo sigue vigente: ¿qué es exactamente lo que tanto temen que pueda conocerse?
Mientras esa pregunta permanezca sin respuesta, el caso Rocha seguirá siendo mucho más que el caso de un gobernador. Será el símbolo de un pacto de silencio que erosiona la confianza pública y alimenta una de las mayores crisis de credibilidad que ha enfrentado el gobierno en los últimos años.