Elizabeth Cuevas
CUERNAVACA, Mor., 8 de junio de 2026.- A más de cinco años de litigio para recuperar el inmueble donde operaba la agencia Nissan en Cuautla, la propietaria María Dolores Gómez Acosta enfrenta una nueva batalla legal que, según su defensa, exhibe irregularidades dentro del Poder Judicial y la falta de avances en las denuncias iniciadas contra 3 jueces ante la Fiscalía Anticorrupción.
El abogado Alfonso González Mendizábal aseguró que las denuncias presentadas por posibles actos de corrupción
contra los jueces: Martha Lorena Ortega, Yuliana Arias Oropeza y Alejandro Hernandez Arjona, permanecen sin resultados concretos desde la administración anterior de la Fiscalía Anticorrupción a cargo de Juan Salazar Nuñez y la gestión actual del fiscal, Leonel Díaz Rogel.
El caso tiene su origen en un juicio de desahucio promovido por Dolores Gómez Acosta (pareja sentimental de Raúl Iragorri) para recuperar un inmueble arrendado a la empresa vinculada con la operación de la agencia Nissan en Cuautla.
De acuerdo con González Mendizábal, el pasado 23 de abril su representada fue puesta legalmente en posesión del inmueble; sin embargo, surgió una resolución emitida por la Jueza Cuarta de Distrito en Morelos, Maried Reyes Hipólito, quien revirtió dicha situación a favor de la empresa GAI (Grupo Automotriz Iragorri) mediante un juicio de amparo que, a consideración de la defensa, presenta diversas irregularidades.
Posteriormente, se emitieron resoluciones de amparo que favorecieron a la empresa ocupante y revirtieron los efectos de la entrega del inmueble, situación que consideran jurídicamente irregular.
González Mendizábal afirmó que durante el proceso se han presentado decisiones judiciales que, a su juicio, vulneran los derechos de su representada, quien además es una mujer adulta mayor.
Entre los señalamientos realizados por la defensa destacan la admisión de recursos presuntamente improcedentes, la concesión de medidas cautelares con efectos restitutorios y la negativa de reconocer plenamente la participación de Dolores Gómez Acosta dentro de algunos procedimientos judiciales.
El litigante aseguró que estos hechos motivaron la presentación de denuncias ante instancias encargadas de investigar posibles actos de corrupción judicial; sin embargo, acusó que las indagatorias permanecen estancadas.
Para la defensa, el caso representa una prueba sobre la eficacia de la reforma judicial y sobre la capacidad de las instituciones para garantizar justicia a personas en situación de vulnerabilidad.
“Después de obtener una sentencia favorable y recuperar legalmente el inmueble, hoy nuevamente se pretende privar a una adulta mayor del patrimonio por el que luchó durante años”, sostuvo.
Finalmente, González Mendizábal advirtió que continuarán promoviendo acciones legales y denunciando cualquier acto que consideren contrario a derecho, al tiempo que exigió que las investigaciones relacionadas con las denuncias contra funcionarios judiciales avancen y se resuelvan con transparencia.