Valeria Delgado/Quadratín Tlaxcala
TLAXCALA, Tlax., 16 de julio de 2026.- Las mujeres con familiares privados de la libertad enfrentan criminalización, trato hostil por parte de las autoridades penitenciarias y una constante incertidumbre ante los cambios en los reglamentos y los procedimientos impuestos. Así lo relatan madres de personas privadas de la libertad (PPL) en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de La Loma Xicohténcatl, en la capital tlaxcalteca, quienes aseguran ser víctimas de violencia psicológica e institucional durante sus visitas al penal.
Una de las principales causas de la falta de visibilización de las personas familiares de quienes están privadas de la libertad, así como de los efectos que el encarcelamiento tiene sobre ellas, es la inexistencia de datos oficiales. Si bien la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021 proporciona información sobre el número de visitas, las personas dependientes, los hijos de las personas privadas de la libertad y el parentesco con quienes vivían, estos datos resultan insuficientes para conocer las problemáticas específicas que enfrentan sus familiares.
En entrevista para Quadratín Tlaxcala, madres de PPL señalaron que enfrentan afectaciones psicológicas y carecen de recursos económicos para acceder a atención especializada. Además, aseguraron que estas problemáticas se han agravado desde la llegada del nuevo director del Cereso, Iván Sánchez de la Torre, quien ha implementado modificaciones en los protocolos de ingreso para las visitas, así como en el trato que reciben por parte del personal.
Si bien existen instituciones públicas a las que podrían acudir, como la Secretaría de Salud de Tlaxcala (SESA) o la Clínica de las Emociones del SEDIF, señalan que los horarios de atención coinciden con sus jornadas laborales, por lo que deben elegir entre recibir terapia o mantener sus ingresos. Además de afirmar que si no existen programas de atención psicológica para las PPL, mucho menos para ellas.
“No podemos dejar de trabajar para irnos a terapia; o producimos o nos atendemos… además, si quieres tomar terapia en horas no laborables, hay que pagarlas con un particular”. – Mencionó Marisol Díaz, madre de una PPL.
Por su parte, Marisol Díaz lleva una década enfrentando el proceso judicial de su hijo Daniel, a quien se le imputa el delito de secuestro agravado, menciona que como una forma de autocuidado, participa en un grupo de mujeres que se reúne mediante videollamadas para compartir y escuchar las problemáticas que enfrentan. Sin embrago, aclaró que se trata únicamente de un grupo de apoyo y no de atención psicológica brindada por profesionales.
Otra madre y esposa, que prefirió permanecer en el anonimato, señaló que actualmente enfrenta un cuadro depresivo derivado del estrés que implica asumir por sí sola el sustento de sus dos hijos menores de edad. Explicó que esta situación se agrava debido a que uno de ellos requiere cuidados especiales por diversos padecimientos.
“Creí que con todos los papeles que tengo, mi esposo saldría pronto, pero la realidad es distinta. (…) Me pongo a llorar, a veces no duermo pensando en lo que voy a hacer para que me alcance el dinero o para algún medicamento de mi niño. La ayuda psicológica nada más la busco por el celular”, expresó.
Marisol, mencionó que desde el momento en que familiares, amistades y personas cercanas fueron informadas sobre la situación legal de su hijo Daniel, el apoyo emocional se redujo considerablemente.
“Lo más doloroso es que la misma familia ya no te invita a sus reuniones y tampoco visita a mi hijo”.
Para ella, la carga social recae principalmente sobre las madres, quienes suelen enfrentar cuestionamientos sobre la educación y los valores que transmitieron a sus hijos que las responsabiliza de las decisiones o circunstancias que llevaron a sus familiares a prisión.
“Siempre te preguntan qué hiciste mal como madre o qué les faltó en casa. Parece que una también estuviera siendo juzgada”.
Agregó que, en la mayoría de los casos son las madres quienes permanecen apoyando a los familiares privados de la libertad, acompañándolos durante los procesos judiciales y su estancia en los Ceresos. Sin embargo, afirmó que ese respaldo suele ir acompañado de estigmas y prejuicios que afectan distintos aspectos de su vida, incluido el económico. Lo anterior, al mencionar que muchas mujeres enfrentan dificultades para conservar o conseguir empleo debido al tiempo que deben destinar a visitas, trámites y audiencias.
“Tuve que entrar a trabajar cuando detuvieron a mi hijo para solventar los gastos que este cambio representó para mi familia”
La privación de la libertad de un integrante del hogar genera una carga económica significativa, pues las familias deben cubrir gastos relacionados con traslados, alimentación, artículos de higiene, asesoría legal y otros apoyos para sus familiares internos, responsabilidades que con frecuencia recaen principalmente en las madres.
En ese sentido, el informe La situación de los derechos humanos de las familias de las personas privadas de la libertad en México, publicado por Documenta en junio de 2023, señala que los principales responsables del cuidado de las hijas e hijos de las personas recluidas son la madre y/o el padre, con el 85 %; las y los abuelos, con el 19.1 %; y otros familiares, con el 5.7 %.
Como resultado, Marisol señaló que los ingresos que obtiene de su trabajo se destinan principalmente a cubrir las necesidades básicas de Daniel y del resto de su familia, por lo que priorizar su salud mental resulta económicamente difícil.
En cuanto a la situación que se vive en el Cereso, Marisol señaló que durante estos años ha presenciado conductas de intimidación, hostigamiento y comentarios misóginos por parte de algunos elementos de seguridad hacia las personas visitantes.
Relató que tanto los familiares como las personas privadas de la libertad son objeto de expresiones que consideran ofensivas y estigmatizantes, las cuales refuerzan prejuicios de género y colocan sobre las mujeres una sospecha permanente durante las visitas al centro penitenciario.
“Me ha tocado escuchar que les dicen a los hombres presos que se drogan porque las mujeres metemos la droga en nuestras partes íntimas. También a nosotras nos dicen que deberíamos agradecer que nos permitan pasar la comida para nuestros familiares”.
Agregó que estos comentarios generan un ambiente de humillación, discriminación y temor entre las mujeres que acuden al Cereso. Sin embargo, esta no es la única situación que ha complicado la estancia de sus familiares en el Cereso de La Loma Xicohténcatl.
Las madres entrevistadas señalaron que actualmente las personas privadas de la libertad ya no pueden vender productos durante los días de visita, una medida que afirman, comenzó tras la llegada de Iván Sánchez de la Torre y la implementación de nuevas reglas operativas.
Finalmente, agregaron que otro de los cambio notorio es la reducción en la cantidad de alimentos que pueden ingresar para sus familiares, medida que señalaron constituye otra forma de ejercer violencia, tras mencionar que la compartían a otras personas privadas de la libertad que no reciben visitas de sus familiares. Además, desde inicios de este año las visitas al CERESO se redujeron a una por semana, luego de que las autoridades les informaran sobre una contingencia derivada de casos de sarampión que hasta el momento no ha sido removida.