Rubén Hernández/Quadratín Tlaxcala
TLAXCALA, Tlax., 6 de junio de 2026.- El pleno del Congreso de Tlaxcala, acordó la destitución de la presidenta municipal de Contla, Ana Ivonne Roldán Xolocotzi, el síndico Gilberto Flores y siete integrantes del Cabildo, quienes fueron inhabilitados por tres años para desempeñar funciones públicas, por violaciones y agravió del presidente de la comunidad de la Sección Segunda, Alejandro Flores Xelhuantzi, luego que en conjunto le quitaran el cargo por disentir de la unanimidad de sus decisiones políticas.
Esta resolución legislativa fue aprobada por 19 votos a favor, tres en contra dos del PT y de la congresista Laura Flores Lozano, sin embargo, los efectos de la sanción quedaron temporalmente suspendidos por la existencia de una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y a un juicio de amparo concedido a estos funcionarios, por lo que esos recursos deberán ser resueltos antes que el Congreso de Tlaxcala ejecute la separación definitiva del Cabildo de Contla.
Este dictamen aprobado en sesión extraordinaria y privada del pleno, quedó acreditada por la determinación de la alcaldesa y los integrantes de este Cabildo de suspender al presidente de comunidad de la Sección Segunda, cuando no está en las facultades de este cuerpo colegiado, toda vez que fue electo por el voto popular y Constitucional.
Ante ello, el presidente de comunidad, Alejandro Flores Xelhuantzi, denunció la vulneración de sus derechos político-electorales, cometidos en acuerdo del Cabildo el pasado1 de agosto de 2025, por el que fue separado de sus funciones.
Por ello, el Congreso de Tlaxcala resolvió que el Cabildo no tiene facultades para suspender a una autoridad electa por el voto popular, por lo que la actuación de la presidenta municipal, el síndico y los regidores transgredieron los principio de legalidad y seguridad jurídica previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Mexicana.
Además, se refirió que la decisión de este Cabildo fue más allá de un acuerdo administrativo, sino que tuvo consecuencias sobre el ejercicio del cargo, con el cambio de chapas de la presidencia de comunidad y la restricción al acceso de las instalaciones públicas y el desempeño de sus funciones, por todo esto, la alcaldesa, síndico y regidores quedaron sujetos a procedimientos constitucionales.
Finalmente, cabe destacar que hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la justicia federal resuelva los dos recursos legales existentes, tanto la presidenta municipal e integrantes del Cabildo seguirán en funciones, posterior a ello, quedarán destituidos de los cargos que ostentan.