CIUDAD DE MÉXICO, 6 de agosto de 2026.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) manifestó su profunda preocupación por las expresiones vertidas por las diputadas locales de Puebla, Nayeli Salvatori Bojalil y Grace Palomares Ramírez. Las afirmaciones despectivas emitidas en su espacio digital, donde mofándose del envejecimiento señalaron que este sector de la población “huele a baúl” y “se está pudriendo”, rebasan los límites de la libertad de expresión para convertirse en discursos de odio y estigmatización.
“Dichas declaraciones no representan simples opiniones desafortunadas, sino una transgresión directa a las garantías legales que el Estado mexicano está obligado a proteger, constituyendo una flagrante violación a los derechos humanos, una manifestación explícita de edadismo y un acto de violencia institucional que vulnera la dignidad de las personas mayores” señaló en el presente comunicado. De igual manera que:
La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores establece con claridad el derecho a gozar de una vida de calidad, libre de violencia y con respeto irrestricto a la integridad física y moral. La dignidad de una persona es inherente y no disminuye con el transcurso de los años, por ello, tratar el envejecimiento natural con repugnancia o burla ataca la base misma del reconocimiento humano y mandata la erradicación de cualquier práctica edadista que menoscabe a este grupo poblacional.
La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ratificada por nuestro país, asegura la igualdad y el goce de la inclusión social; también, genera conciencia sobre la importancia del reconocimiento de las personas adultas mayores como sujetos de derechos y aporte a la sociedad.
“Quienes emitieron estos discursos son representantes populares integradas formalmente en el Poder Legislativo de Puebla. Su cargo les impone un estándar ético y legal superior que las obliga a ser garantes de derechos, no agentes de su vulneración. Tal como lo ha externado la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, una simple retractación en redes sociales motivada por la presión política no repara el daño moral infligido. La discriminación arraigada en discursos públicos normaliza la exclusión y el maltrato hacia las personas mayores en la sociedad”.
Cualquier postura que pretenda validar estas conductas bajo la bandera del humor o el contexto informal resulta inaceptable en un Estado constitucional de derecho.
Por lo anterior, la CNDH considera urgente someter a dichas representantes, y a la legislatura en general, a procesos profundos de sensibilización en materia de vejez y derechos humanos.
Finalmente, reitera la exigencia al Congreso del estado de Puebla para que fije un posicionamiento oficial e implemente códigos éticos rigurosos que impidan el uso de discursos discriminatorios por parte de sus integrantes en cualquier plataforma pública o digital.